Parlamentarios de oposición acuden a Contraloría por eventual conflicto de intereses en Plan de Reconstrucción

Un grupo de parlamentarios de oposición presentaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República (CGR) apuntando a un eventual conflicto de interés en la implementación del Plan de Reconstrucción Nacional y los patrimonios de los ministros del Gobierno.

La acción fue presentada por los diputados Juan Santana (PS), Daniel Manouchehri (PS), Gael Yeomans (FA), Jorge Brito (FA), Boris Barrera (PC), Carolina Cucumides (IND-PS), Irací Hassler (PC), Luis Cuello (PC) y los senadores Daniel Núñez (PC) y Daniella Cicardini (PS).

“Las y los diputados y senadores que suscribimos esta presentación, le solicitamos que, dentro de la esfera de sus atribuciones, se pronuncie sobre la eventual transgresión de los principios de probidad y de abstención, respecto de todas y todos los ministros de Estado del gobierno de José Antonio Kast Rist y demás autoridades que han intervenido en la redacción y tramitación del proyecto de ley, y si en lo sucesivo esas autoridades deban abstenerse de intervenir en la tramitación del proyecto de ley ya mencionado”, se lee el documento, según señaló Emol.

Al respecto, Santana afirmó que, acorde al principio de abstención consagrado en la Ley 19.880, “hemos advertido una situación que es evidente, genera conflicto de interés, toda vez que hemos conocido también en el mes de marzo la declaración de patrimonio de los ministros y ministras y autoridades de esta administración”.

Así, ahondó en los casos de los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y de defensa, Fernando Barros. Del primero, planteó que “producto de las millonarias propiedades” que posee en la Región Metropolitana, tendrá “un beneficio directo con la exención de contribuciones”, lo que también ocurriría en el caso de las empresas y sociedades en las que tiene participación gracias a la reducción de la tasa corporativa y reintegración del sistema tributario.

En el segundo caso, aseguró que, gracias a un cruce de datos realizado por la institución Nodo XI, el patrimonio de Barros alcanza un patrimonio de cerca de 700 mil millones de pesos, “con lo cual, frente a los beneficios que tendría ante la aprobación de este proyecto de ley, se vería beneficiado en casi doscientos once mil millones de pesos al año”.